El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, actualmente en tramitación en el Senado, prevé que el Gobierno Vasco asuma para su territorio la totalidad de las competencias que sobre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, (funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional) corresponden hoy al Estado, modificando a tal fin la normativa básica de régimen local -a través de la Ley de presupuesto-, que exige de estos funcionarios una habilitación por parte del Estado para ejercer sus funciones en todos los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y demás Entidades Locales de España.
Estos empleados públicos tienen reservadas por la Ley el ejercicio de una serie de funciones en todas las Entidades Locales de España cuyo cumplimiento en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional justifica la existencia de su régimen jurídico propio y común para garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad. Dichas funciones son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo -que proporcionan seguridad jurídica a los ciudadanos y aseguran la adecuación de la actuación de los poderes locales al ordenamiento jurídico- y el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como de la contabilidad, la tesorería y la recaudación -que permite el control de la adecuada utilización de los recursos económicos de las Entidades Locales, en términos de legalidad, eficacia y eficiencia-.
Para garantizar el ejercicio de sus funciones en términos de igualdad en todo el territorio nacional, su selección y formación se atribuye al Estado y la asignación definitiva de sus puestos por parte del Estado se coordina o se lleva a efecto subsidiariamente por el Estado, recayendo en las Comunidades Autónomas las competencias para clasificar estos puestos, según tamaño y presupuesto, en distintas categorías, y para proveer temporalmente los puestos en tanto que lo son definitivamente, con ello se garantiza la adecuada y coordinada participación del Estado y de las Comunidades Autónomas en la aplicación del régimen jurídico de estos funcionarios. Además, desde 1985, la normativa básica de régimen local ha reservado al País Vasco, como garantía específica de su foralidad, la provisión definitiva por sus Instituciones forales en coordinación con la Administración del Estado, de los puestos reservados a Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Entidades Locales de su territorio.
El cambio que ahora se pretende -traspasando a la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las funciones que hoy corresponden al Estado sobre la selección y formación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados en su territorio, ya sea con carácter provisional o definitivo-, carece de justificación, y conduciría en la práctica a la eliminación del carácter nacional de unos funcionarios que llevan prestando servicios a las entidades locales desde hace más de doscientos años, y cien años siendo seleccionados y formados por el Estado como garantía de que los servicios que prestan en las Entidades Locales españolas se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
La aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 en los términos que ha sido remitido al Senado, con la previsión de trasladar el ejercicio de las funciones que corresponden al Estado en relación con estos funcionarios al Gobierno Vasco, supondría un evidente retroceso en su régimen jurídico -diseñado para garantizar su independencia y profesionalidad- y una pérdida de efectivos como ya ocurrió durante los años 2007 al 2013, periodo en que se produjo una situación igual a la que ahora se pretende que provocó que muchas Entidades Locales aun hoy carezcan de Secretarios, Interventores y Tesoreros con la habilitación legalmente exigida. Además, supondría la creación en la práctica de una habilitación foral distinta de la del conjunto del Estado, pues el Gobierno Vasco solo convocaría plazas en función de las vacantes existentes en su Comunidad Autónoma, con un sistema selectivo y de promoción interna propios, que dificultaría el acceso de los ciudadanos del resto de España a la habilitación convocada en el País Vasco en términos de igualdad, máxime teniendo en cuenta la consideración del conocimiento del idioma como requisito y no como mérito para la provisión de puestos, desincentivando a los posibles aspirantes a la habilitación nacional, ya que la división territorial de la profesión, con las restricciones que comporta, haría perder buena parte de su interés, en un momento especialmente delicado por la escasa demanda para el acceso a la función pública superior -lo que provocará un incremento de los casos de provisión de las secretarías, intervenciones y tesorerías locales por procedimientos con escasas garantías-, y en el que el protagonismo público en el proceso de recuperación y de resiliencia emprendidos hace absolutamente necesario el control de la regularidad de la actuación administrativa y de la gestión de los recursos de las Administraciones públicas.
Por todo ello, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local hace público su completo desacuerdo y pide la reconsideración de esta medida, en una reivindicación que asume plenamente COSTITAL Castilla-La Mancha. “El nacionalismo vasco enmienda los presupuestos del gobierno a costa de la calidad e independencia de los servicios que se van a prestan en la administración local. Probablemente esto sea parte del peaje que el PNV cobra por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado”, opina Rafael Santiago, presidente de COSITAL CLM.