Las medidas estatales en materia económica siguen intentando remontar una situación que aún no logra recuperarse del impacto que tuvo la pandemia por el COVID-19 y la crisis del 2008. A nivel mundial, las acciones que han estado llevando a cabo los Bancos Centrales están dando como resultado una inflación imparable, agravada por el escenario bélico. En este contexto, la confiscación de ahorros por el Estado es para el experto Pedro Gómez una alternativa alentada por el Fondo Monetario Internacional para sanear las cuentas públicas y regular la inflación que debería evitarse.
La confiscación de ahorros por el Estado para enmendar problemas económicos
Medidas extremas por parte de los Estados como expropiaciones, corralitos, conversiones de monedas y confiscación de ahorros ante escenarios complejos han sido implementadas en países de todo el mundo a lo largo de la historia.
El panorama pospandemia, atravesando una guerra y con inflación mundial, es para Gómez un marco propicio para que se lleve a cabo lo anticipado por el Fondo Monetario Internacional en 2013. En ese entonces, la entidad financiera preveía que un impuesto extraordinario del 10 % sobre el capital sería la clave para sanear las finanzas públicas y cortar un posible brote inflacionista. Se trataría de una medida excepcional, única e “irrepetible” sobre la riqueza privada para restablecer la economía nacional sin afectar el comportamiento individual. Además, un impuesto de estas características es preferible a perder la credibilidad en la economía y en el sistema monetario, como señaló el Profesor Eichengreen en un paper de 1990.
En 2013, Chipre aplicó con éxito el capital levy o expropiación de ahorros. Al año siguiente Reuters publicó que los ahorros de ciudadanos de la Unión Europea podrían impulsar la economía, y el Bundesbank afirmó que una medida impositiva de estas características podría evitar una bancarrota en países con problemas económicos.
Implementar medidas económicas de fondo
Pedro Gómez hace una distinción entre dos formas estatales de recaudar dinero por parte del Estado, como lo son capital levy o expropiación de los ahorros y el one-off wealth taxes o impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Para hacer frente a una situación económica excepcional, como lo es la inflación, estas medidas impositivas optan por vías distintas para recaudar dinero y frenar el consumo. En este sentido, previamente al brote inflacionista, el FMI publicó en abril de 2021 un informe que se opone al capital levy, pero considera necesario un impuesto especial que ayude a paliar la pandemia (one-off wealth taxes).
Ante la evolución del tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo, el nivel de endeudamiento de los Estados y el brote inflacionario mundial, la economía mundial todavía en fase de recuperación, es muy difícil aportar una solución mágica que contente a todas las partes. Por esta razón, Gómez sostiene que es imprescindible que el Gobierno elabore un plan económico que aborde el problema de raíz, consensuado con todas las fuerzas económicas, políticas y sociales, ya que medidas como un corralito, un capital levy o un impuesto extraordinario que traten de reducir el dinero en circulación, controlar la inflación y amortizar parte de la deuda pública son “parches” que solo resuelven la situación parcialmente. Entre las medidas que se debería consensuar sería la reducción del gasto público en igual proporción a un hipotético capital levy, presionar al BCE para que emita dinero conforme al Patrón Interés, con el fin de no seguir emitiendo dinero alocadamente, etc. Para más información, se recomienda leer su informe sobre este asunto en el siguiente enlace.