El despacho de abogados de Valencia Cases de Dret ofrece el servicio de compliance penal para empresas. Se trata de un sistema de autorregulación enfocado en la prevención y el control para evitar que se produzcan infracciones de la ley y delitos tipificados en el código. Los profesionales que integran el estudio se encuentran capacitados para desarrollar el modelo en todos los niveles de la empresa.
Compliance penal para empresas
Los abogados que integran el despacho se encuentran capacitados y certificados en compliance emitido por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen) para brindar el servicio destinado a empresas. Además, este despacho cuenta con la posibilidad de tener una consulta gratuita en la que las situaciones particulares son estudiadas por parte del equipo de profesionales.
Compliance penal es un sistema de autorregulación que tiene el objetivo de eliminar comportamientos que pongan en riesgo la reputación de la empresa en el mercado. Los abogados ofrecen la garantía de configurar un modelo personalizado que sea capaz de prevenir y controlar las posibles infracciones en las que pueden incurrir las compañías. Con la contratación del servicio, se encargan de proteger tanto la imagen como los intereses de la misma empresa.
¿Cuáles son las principales ventajas de este servicio?
Entre los beneficios del compliance penal para empresas aparece el control sobre los diferentes niveles de las empresas lo que permite cuidar la reputación en el mercado. Como consecuencia de esto, las compañías ganarán mayor confianza en el mercado. Por otro lado, los especialistas aclaran que no se trata de un gasto sino de una inversión para el ahorro, ya que todos los esfuerzos económicos que se realicen estarán dirigidos a evitar las sanciones y el alto coste en la imagen que tienen las malas prácticas.
A su vez, el servicio se ajusta a las necesidades de cada empresa, el principal objetivo es evitar que se produzcan infracciones de la ley y delitos en el código penal. La propuesta de Cases de Dret es desarrollar el modelo de manera que todos los niveles de la compañía busquen la aplicación efectiva de las medidas de prevención y control previstas para evitar incurrir en un delito. Algunas de las infracciones penales en las que las firmas incurren frecuentemente son los delitos contra el medioambiente, delitos urbanísticos, riesgos laborales, derechos de los trabajadores, entre otras.
Sin este servicio, las compañías se ven expuestas a infracciones que pueden ir desde una cantidad seis veces del valor del perjuicio causado por el delito hasta los 3,6 millones de euros para la empresa y hasta seis años de prisión para las personas físicas consideradas responsables, además de penas accesorias como multas e inhabilitaciones y responsabilidades civiles multimillonarias. Así, conocer los riegos que amenazan a la empresa permiten anticiparse y establecer medidas de prevención y control anteriores al delito.