Con la finalidad de combatir el cambio climático, el Gabinete de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias presentó el último 20 de diciembre la Estrategia de Acción Climática. Este plan estratégico pretende establecer una serie de medidas a largo plazo que contribuyan al cumplimiento de los compromisos en materia de acción climática.
En este sentido, la Estrategia Canaria de Acción Climática y la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática son las dos líneas de planificación definidas en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, la cual define el marco normativo de esta lucha en el archipiélago.
¿En qué consiste la Estrategia Canaria de Acción Climática?
La Estrategia de Acción Climática es una herramienta marco de planificación regional de la comunidad autónoma de Canarias para la lucha contra el cambio climático.
Este modelo tiene 5 objetivos estratégicos vinculados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al fomento de la absorción de carbono, además de la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables. Al mismo tiempo, busca promover la movilidad sostenible y medios de transporte sin emisiones contaminantes directas.
Divididas en líneas estratégicas, estas metas forman parte del marco en el que las medidas y actuaciones se concretarán dentro del Plan Canario de Acción Climática y el Plan de Transición Energética de Canarias.
Sectores en los que se aplican estas políticas
Con el fin de combatir el cambio climático, la Estrategia Canaria de Acción Climática establece la aplicación de una serie de políticas sectoriales en distintas actividades como el turismo, la ganadería y la agricultura, la pesca y la acuicultura, la industria y el diseño, y los recursos hídricos. De esta forma, las instalaciones hoteleras y extrahoteleras con un determinado número de camas y capacidad de alojamiento deberán preparar un plan de transición energética y llevar a cabo las medidas necesarias para reducir a cero la huella de carbono derivada de su actividad.
Del mismo modo deberán actuar las explotaciones agrícolas y ganaderas, las pesqueras y de acuicultura, las actividades industriales y de comercio, y las vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. A su vez, sus titulares estarán obligados a inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono.
Finalmente, es importante señalar que el régimen sancionador incluye inspecciones por parte de los funcionarios, por lo que los responsables de estas actividades deberán permitir su acceso a las instalaciones y facilitarles toda la información requerida.