EY, PwC, KPMG y Deloitte concentran el 90 % del mercado de la contabilidad y asesorías financieras en el mundo. Este grupo de compañías han estado involucradas en los escándalos financieros más grandes de la historia, de los cuales en uno de ellos se llegaron a perder 4.500 millones de euros. Las compañías multinacionales que están presentes en gran parte del mundo, tienen la obligación de entregar sus balances financieros a una auditora independiente. Y no solo ellas, sino también los gobiernos y entidades del estado. Por lo mismo, gracias a sus conocimientos financieros, en regulación fiscal y su trayectoria, las denominadas Big Four se han convertido en el partner idóneo, o experto indispensable, para el sector privado y público a nivel mundial.
“Estas cuatro empresas, tienen mucha influencia en nuestra economía y política. Ellos ofrecen muchos servicios que repercuten en el desarrollo del negocio y de los países en general”, comenta Saila Stausholm, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Copenhague. Desde 2011, un informe de la Cámara de los Lores señalaba que: “la auditoría de las grandes empresas en el Reino Unido e internacionales está dominada por un oligopolio con todos los peligros que eso conlleva”, y esto sigue vigente en 2023. “Actualmente, estas empresas tienen el monopolio de las auditorias y servicios de asesorías organizacionales y legales. Según diversas estimaciones, ellos tienen el 90 % del mercado y con eso pueden hacer lo que quieran”, señala Carlos Vargas Alencastre, CEO y fundador de la consultora TPC Group, firma global especializada en precios de transferencia y valuaciones nominada como una de las mejores en América por la International Tax Review, World TP y Leaders league.
Por otro lado, estas empresas han estado vinculadas a los fraudes financieros más grandes del mundo. El más reciente, fue el de la empresa alemana Wirecard, el cual fue catalogado como el mayor escándalo económico del país. En este caso, miles de inversionistas perdieron su dinero, estimando una pérdida total de 4.500 millones de euros, lo que fue un impacto directo a la economía del país. Coincidentemente, durante años, EY fue la empresa encargada de revisar sus finanzas. “Si en este tipo de empresas hay algo oculto y las auditoras no lo detectan, entonces todo deja de tener sentido, porque significa que no podemos confiar en lo más fundamental de la economía, que son las cifras”, mencionó en su momento Fabio de Masi, presidente de la comisión investigadora del caos.
Según datos del portal alemán de estadística Statista, dos terceras partes de la facturación de las Big Four, provienen de otros tipos de asesorías, no ligadas a la contabilidad. Uno de los grandes conflictos de interés en estas empresas se refleja en la multiplicidad de servicios que ofrecen. “Si una empresa contrata a una auditora y dicha auditora ve que hay un gasto que puede perjudicar a uno de los otros servicios que ofrece, esta simplemente puede omitir la información. Por eso, no se puede decir que las Big Four son independientes”, señala Carolina Rinker, experta en balances del Comité de Finanzas del Bundestag Alemán sobre la Ley de Integridad del Mercado Financiero (FISG).
Ante dicho contexto, el CEO de TPC Group, es enfático en decir que: “siendo el servicio de auditoría la principal actividad de las cuatro grandes, coincido que esta debe separarse de la consultoría para evitar potenciales conflictos de interés, a fin de que se frene la presión regulatoria y judicial en varios procesos abiertos en los últimos años y pueda volver el clima de estabilidad en el mundo corporativo actual.”
Diversas regulaciones hacia este mercado han logrado que las Big Four acepten la separación operativa de sus prácticas de auditoría y proporcionen una agenda de transición para la implementación a más tardar el 30 de junio de 2024 (en Inglaterra), por lo que algunas de ellas ya están separando sus líneas de negocios a fin de evitar conflictos de interés y poner en riesgo no solo su reputación como firma auditora, sino la armonía de los mercados de capitales. Las empresas multinacionales cada vez tienen más claro que no es saludable ni conveniente tener como proveedor de los servicios de consultoría en precios de transferencia a la misma empresa que los audita, es decir, que no pueden contratar para tales fines a una firma que sea juez y parte a la vez.