La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal que se les presenta tanto a particulares como autónomos o empresas para saldar deudas acumuladas. Es un mecanismo para aquellos que no tienen posibilidad de cancelar los compromisos económicos que han adquirido durante años.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, se debe contar con un profesional en derecho que demuestre la situación financiera del deudor y consiga el amparo. En este sentido, iMorosity tiene colaboradores especialistas en el tema, enfocados en proporcionar resultados exitosos.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Como su nombre lo indica, esta ley le ofrece a los ciudadanos una segunda oportunidad para renegociar las condiciones de pago de las deudas contraídas durante un período considerable de tiempo. Esta normativa está contemplada en la Ley 25/2015 y, con el paso del tiempo, ha aumentado su efectividad, motivo por el cual cada vez más personas buscan su respaldo.
El objetivo de esta ley es solventar los problemas financieros de compromisos que no pueden finiquitarse. Por ello, existen dos posibles acuerdos legales para solucionarlo. Por una parte, si la persona aún cuenta con fondos, el jurista puede plantear nuevas formas de pago o cuotas que se adapten a la capacidad económica del deudor. Al contrario, si la persona no posee solvencia económica, se puede llegar a la exoneración total de la deuda.
Lo más importante para los solicitantes es contar con especialistas capacitados en el tema que puedan demostrar el estado financiero real del cliente y conseguir un acuerdo que los beneficie.
¿De qué manera beneficiarse de esta ley?
La base para la aplicación de esta ley es que se trate de personas de buena fe. De acuerdo a lo contemplado en el Artículo 178 bis, el interesado no deberá mentir ni ocultar documentos durante el proceso. Asimismo, el deudor no puede tener condenas o procesos penales pendientes de al menos 10 años anteriores a la postulación. Y antes de solicitar una medida, es necesario que tenga constancia de un proceso de acuerdo con los acreedores.
Otra de las condiciones es estar al día con los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, haber intentado un acuerdo extrajudicial, no apelar a la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 10 años, no rechazar una propuesta de trabajo que capacite a la persona para pagar la deuda y que el endeudamiento no supere los 5 millones de euros.
De esta manera, iMorosity brinda una nueva e importante oportunidad a los ciudadanos o empresas al asistirlos en la solicitud y obtención de amparo bajo la Ley 25/2015.