Existe un fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años, que ha reducido considerablemente el diferencial con la media de la Unión Europea, que alcanza un 42,1% para 2022, mientras que, en España, en 2022, según datos de Eurostat, ha alcanzado un 38,3%.
En 2023, según los últimos datos disponibles, la previsión de ingresos tributarios va a crecer en un porcentaje algo superior al PIB, por lo que la presión fiscal en España se situará alrededor del 39%.
Esta diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España no se debe, en ningún caso, a la presión fiscal sobre empresas y empresarios; de hecho, la presión fiscal empresarial, entendida como la suma del Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, está, según Eurostat con los últimos datos disponibles de 2021, en un nivel superior al de la media de la Unión Europea.
En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social un 9,5% PIB, qué combinadas suponen un 12,2% PIB. Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en Cotizaciones Sociales a cargo de las empresas, es decir, una suma de un 10,4%. España está 1,8 puntos por encima de la media europea.
En el análisis sobre el porcentaje que aportan las empresas al total de la recaudación, siempre según Eurostat y con datos de 2022, en España las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen un 25,2% total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades supone, en España, un 7,2% total frente a un 8,1% en la UE. En conclusión, las empresas aportan, en España, un 32,4% frente a un 25,8% media en la UE.
Debido a que la economía está globalizada, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria.
Sin embargo, España sigue la tendencia contraria, como demuestra el informe adaptado que presenta el Instituto de Estudios Económicos, elaborado por la “Tax Foundation” de Estados Unidos.
A partir del ICF, el Instituto de Estudios Económicos ha desarrollado un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa, y en 2023 dicho indicador se sitúa en 117,2 puntos, un 17,2% más elevada que la media de la UE y casi un punto mayor que los 116,4 puntos de 2022, mostrando una tendencia disparada al alza sobre los 112,8 puntos de 2021 o los 110,5 puntos del año 2020. La situación de España es, también, un 19,1% peor que la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 98,1 puntos.
En cuanto al esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la diferencia en los niveles de renta relativos de los distintos países, estableciendo la UE-27 como nivel 100, se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal un 17,8% superior al de la Unión Europea, que ya, de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional.
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hemos de señalar que se sitúa un 6,1% por encima de la media de la UE y un 2,2% por encima de la media de la OCDE. Además, el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social, que son particularmente altas en España, eleva la cuña fiscal, en España, hasta el 59,5% en 2022, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60% coste laboral. En relación con la cuña fiscal, España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 47%. Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, en décimo lugar de un total de veintisiete analizados.
La única forma de aumentar la recaudación impositiva de forma sostenible, pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello el objetivo debería ser la consecución de una fiscalidad competitiva y equiparable con nuestro entorno que favorezca la actividad, la inversión empresarial y el empleo, además de mitigar la excesiva tributación del capital, en general, y sobre la empresa, en particular.